Roberto Zambrano, alcaide del penal de varones de Piura, es investigado por lesa humanidad
A la izq. Un inconsciente Fabian Yarlequé luce serios moretones en la UCI del Hospital Santa Rosa. A la dcha. Fabián antes de entrar a prisión. Foto: Carina Márquez.
“El diablo” está cerca. El chirrido es ensordecedor. El arrastre perturba el sueño intermitente de Fabián, quien desde el catre superior de su celda del pabellón 4B izquierdo del segundo piso, contempla el techo. El tubo que sobresale de su garganta le impide alertar con el habla a los veinte compañeros hacinados en uno de los habitáculos del Penal de Piura. Fabián teme por su vida. El bate de béisbol, que lo postró sin voz, amenaza con terminar su trabajo. Presiente que morirá por “soplón”.
En la mañana del sábado, 20 de enero, Carina Márquez recibe una llamada desde el penal piurano Ex Río Seco. Un interno, compañero de su hijo menor, Fabian Yarlequé (32), da el primer aviso: “Su hijo vomita sangre, se está muriendo”. Como cualquier madre, Carina busca respuestas, pero el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no responde con claridad. Tres días después de la llamada, con la ayuda de la ONG Coordinadora Anticorrupción, Fabián es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santa Rosa C-II con una expectativa de vida del “treinta por ciento”. Sin explicaciones ni perdones, la impotente madre acude a la Fiscalía Penal de Castilla para denunciar a Roberto Zambrano, alcaide del penal piurano, por el presunto delito de lesiones graves y negligencia.
En 2024, el sistema penitenciario peruano registró 43 denuncias por maltratos y 36 por actos de corrupción, cifras menores en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2024, se reportaron un total de 298 denuncias por maltratos y 259 por actos de corrupción, según datos de la Oficina de Asuntos Internos del INPE. Estas denuncias provienen de 290 establecimientos penitenciarios, 6 establecimientos de medio libre, 17 oficinas regionales y 12 dependencias de la sede central.
“Mamá me están amenazando porque mucho peleo”, le dijo Fabián a su madre días antes de la primera paliza que recibió. Carina obtuvo respuestas asertivas después del estado de coma de su hijo. “¿Fue Zambrano quién te pegó, hijito?”. Al recuperarse, Fabián le comunica los sucesos a su madre a través de gestos.
Enrique Bernal, presidente de Coordinadora Anticorrupción, afirma que su organización recibe alrededor de cuatrocientos denunciantes del sistema penitenciario al año. En lo que va del 2024 han recibido doscientas. Desde el 2019, la Coordinadora ha interpuesto 18 denuncias por tortura contra el personal del INPE.
Según la versión del interno denunciante, durante “el conteo” del viernes 19 de enero, en el primer piso del pabellón, el alcaide le preguntó al delegado: “¿Cómo se está portando?”. Minutos después, Zambrano llevaría a Fabián hacia las escaleras colindantes para golpearlo con el bate de béisbol que el alcaide porta durante sus rondas de vigilancia. Fabian intentó arrastrarse, antes de perder la consciencia, hacia el segundo piso, donde queda su celda. Sus compañeros al verlo malherido y sin reaccionar lo tendieron sobre un colchón e intentaron llegar al tópico. Pidieron ayuda, pero nadie los atendió.
La fiscal provincial de Derechos Humanos, Elizabeth Santos, asumió el caso de Fabián e imputó al alcaide, Roberto Zambrano Zamora, por la presunta comisión del delito contra la humanidad en modalidad de tortura.
No es la primera vez que el agente de vigilancia penitenciaria es denunciado ante el Ministerio Público. Natural de Chiclayo, Roberto Zambrano fue nombrado director del penal de varones de Huacho en el 2019. Pero no es hasta abril del 2023, cuando su nombre resaltó en un operativo liderado por la Fiscalía Antidrogas, Zambrano fue imputado como miembro de la banda criminal “Los Imperiosos de Río Seco” por presuntamente facilitar el ingreso de drogas y celulares a la cárcel de Piura. El cuestionado alcaide estuvo quince días en detención preliminar y su domicilio fue allanado como parte de la investigación.
Zambrano respondió a las llamadas. “(Fabián) Es un interno malcriado, en ningún momento lo he agredido”, niega el alcaide. El agente INPE señalado alega que estuvo de vacaciones cuando agredieron a Fabián, es por eso que amenaza con querellar a aquellos que lo sindican como responsable. Al preguntarle por los sucesos, Zambrano enfatizó que el interno “siempre habla incoherencias porque anda intoxicándose con laca”. Rechaza ser “el diablo”. No sabe por qué mencionan su nombre.
Diagnósticos contradictorios
Cuando Carina recibe la primera llamada de aviso sobre el estado de su hijo, no sabe qué hacer. En su desesperación encuentra apoyo en una de las abogadas del sindicato de trabajadores de Universidad Nacional de Piura, donde trabaja como administrativa desde hace veinticuatro años. La abogada María Talledo acude al penal y habla con Santos Atalaya, director del centro penitenciario, quien, según el acta de denuncia verbal de Carina, señala que las lesiones de Fabián son autoprovocadas por el consumo de terocal. “Nunca me entregaron el dosaje toxicológico”, replica Carina.
El primer informe médico sobre Fabián no señala consumo de drogas. Veintiséis días después, la Papeleta de Alta diagnostica “consumo de sustancias”.
El 23 de enero, Fabián llegó al hospital con visibles moretones en el abdomen y cicatrices en el rostro. El diagnóstico fue desalentador. Además de contener líquido en el cerebro, el hijo menor de Carina padeció de disfunción cerebral a causa de fallos en el hígado y riñones. Lo dializaron para salvarle la vida, el doblemente interno pasó días sin reaccionar y cuando lo hizo, volvió al penal.
Ni el peritaje médico ordenado por el Ministerio Público ni el primer diagnóstico de los médicos del hospital Santa Rosa evidencian la presencia de droga alguna. Sin embargo, en la papeleta de alta de Fabián, escrita un mes después del primer informe médico, se lee “consumo de sustancias” sin especificar cuál.
Después de una semana de alta, Fabián presentó dificultades respiratorias. “Le silbaba el pecho, se asfixiaba, yo igual pedía que lo saquen, no lo sacaban, me hacían comprar medicina y me tuvieron así casi un mes más”, lamenta Carina. El 15 de marzo, Fabián regresó al hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Ahora, un tubo atravesado en su tráquea es el que conduce el aire a sus pulmones.
A la izq. Fabián llora al despertar de su estado de coma. A la dcha. La abertura artificial por donde respira el hijo de Carina. Fotos: Carina Márquez.
El penal de varones de Piura tiene un 216% de sobrepoblación, cifra que sí figura en GeoInpe. La capacidad de la infraestructura está diseñada para soportar 1.370 internos, pero actualmente hay 4,341 y solo un tópico con un par de médicos.
Un exinterno del pabellón A Derecho, bajo anonimato, denuncia que la atención del tópico siempre fue deficiente. Además, acusa a los médicos residentes de negociar los tratamientos de cualquier enfermedad o mal físico a través de los “promotores de salud”, es decir, los internos que apoyan al personal médico son sobornados para tener acceso a la escasa medicina del penal.
La Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos ha llamado a declarar, en calidad de testigos, a la enfermera del tópico del penal, Vanessa Irigoin y a Favio Loaiza, médico del hospital Santa Rosa. El Ministerio Público también solicitó las cámaras de vigilancia en el exterior del tópico.
Vida en peligro
El 18 de agosto, un mes después de la traqueotomía de Fabián, Carina regresó a la Fiscalía de Castilla a denunciar al agente INPE “Aguilar” porque un interno no identificado le advirtió sobre los presuntos nuevos golpes contra su hijo en represalia por denunciar. “Se ha lanzado sobre él con cachetadas, con la nicula le ha golpeado la espalda, dejándole marcas en la espalda, le dijo que no le importan las denuncias porque tiene abogados en la corte”, testimonia Carina ante el Ministerio Público. Semanas después, Carina identificó al técnico Ronald Aguilar Díaz como el presunto segundo agresor de su hijo. A Aguilar también se le implica como supuesto miembro de los “Los Imperiosos de Río Seco”.
Carina Márquez lamenta la situación de su hijo desde el hogar que siente vacío. Foto: Jorge Canales.
Fabián tiene una hija de nueve años, que espera los cinco años que le faltan a su padre para salir de la cárcel. Carina no sabe si el sueño de ver a su familia reunida se cumplirá. Mientras tanto, espera que el penal de Piura traslade a su menor hijo a Lima para una segunda operación.
“Los INPE han pensado que Fabián iba a morir en el Hospital. Gracias a Dios no ha muerto. Cuando lo ven, imagino, sienten el calvario”, advierte Bernal, quien preside la organización a cargo de la defensa de los internos.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo reportó 687 casos de presunta tortura o penas crueles, inhumanos o degradantes entre el 2021 y el primer trimestre del 2023 a nivel nacional. El 87% del total de las víctimas presentan condiciones de especial vulnerabilidad como ser mujeres, niños, personas con discapacidad, adultas mayores, miembros del colectivo LGBTI, migrantes o personas privadas de libertad.
Los ojos de Carina se llenan de lágrimas. Lucha por no derramarlas. No pierde la esperanza de volver a ver a su hijo a su lado. Ella engendró a Fabián a sus 16 años, la misma cantidad de años de condena por robo agravado. Carina reconoce que su hijo cumple una deuda con la sociedad a la que tendrá que regresar. Solo espera que la justicia que lo privó de la libertad cumpla con mantenerlo con vida sabiendo que jamás volverá a ver al Fabián que entró al penal.
Al cierre de la edición no encontramos comunicación con el técnico INPE Aguilar ni con el personal médico citado en la Fiscalía.